Ciento treinta personas fueron condenadas a muerte en Argelia aunque ninguna fue ejecutada, mientras el gobierno mantuvo el estado de excepción vigente desde 1992, según el Informe de Amnistía Internacional (AI) de 2011.
Al Qaeda en el Magreb Islámico asesinó al menos a 45 civiles y a alrededor de 100 miembros de las fuerzas de seguridad, mientras estas mataron a 200 presuntos miembros de los grupos armados islamistas, asegura AI.
La libertad de expresión y de reunión fueron reprimidas constantemente por el gobierno argelino, quien prohibió a la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos celebrar, en el sitio previsto, su congreso anual.
Una manifestación de periodistas, que pretendía pedir mayor libertad de prensa, fue prohibida y sus organizadores detenidos y liberados posteriormente.
El director del diario Réflexion y otros dos hombres fueron declarados culpables y condenados a seis meses de cárcel "por difamar" al alcalde de Ain Boudinar por presuntos delitos de corrupción.
Agentes del Departamento de Información y Seguridad (DRS) -la inteligencia militar- detuvieron a presuntos responsables de delitos relacionados con la seguridad, quienes fueron incomunicados, en algunos casos durante más de 12 días que permite la ley.
Sospechosos de delitos contra la seguridad recluidos en la prisión de El Harrach se declararon en huelga de hambre para protestar por los presuntos malos tratos que había sufrido de manos de los guardias. Las autoridades ignoraron las protestas y, según AI, no se llevó a cabo investigación alguna.
Los presuntos autores de la muerte del famoso cantante argelino Lounes Matoub llevan más de 10 años recluidos sin juicio; según AI en ese tiempo de reclusión habrían sufridos torturas e incomunicación.
La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer visitó Argel en noviembre de 2010 con el fin de apoyar algunas iniciativas encaminadas a combatir la violencia contra la mujeres.
Las autoridades aún no han tipificado de delito la violencia en el seno familiar y la violación conyugal; tampoco se llevan ante la Justicia a los responsables de violencia de género.
Los abusos cometidos en la década de los años noventa que causaron la desaparición de miles de personas no han sido investigados, aseguró AI.
Las autoridades han continuado aplicando la Carta para la Paz y la Reconciliación que otorgaba impunidad a las fuerzas de seguridad y considera delito cualquier crítica pública contra estas.
Según fuentes del Estado, que cita el informe de la ONG, desde 2005 se habrían amnistiado a 7.500 "terroristas arrepentidos".
Asimismo aseguró que 6.240 familias de desaparecidos habían aceptado indemnizaciones económicas y solo un grupo de familiares continuaban manifestándose en Argel, Constantina y Jojel.
La libertad de religión que se contempla en la Constitución argelina se vulneró en repetidas ocasiones al amparo de la ordenanza que impide practicar ritos religiosos "sin autorización".
Juicios contra protestantes y cristianos conversos, además de un saqueo contra una iglesia, figuran en el informe de AI.
Amnistía Internacional no fue autorizada a realizar una visita de investigación al país.
Las autoridades solo le permitieron el acceso a los campos de refugiados de Tinduf, administrados por el Frente Polisario.
Al Qaeda en el Magreb Islámico asesinó al menos a 45 civiles y a alrededor de 100 miembros de las fuerzas de seguridad, mientras estas mataron a 200 presuntos miembros de los grupos armados islamistas, asegura AI.
La libertad de expresión y de reunión fueron reprimidas constantemente por el gobierno argelino, quien prohibió a la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos celebrar, en el sitio previsto, su congreso anual.
Una manifestación de periodistas, que pretendía pedir mayor libertad de prensa, fue prohibida y sus organizadores detenidos y liberados posteriormente.
El director del diario Réflexion y otros dos hombres fueron declarados culpables y condenados a seis meses de cárcel "por difamar" al alcalde de Ain Boudinar por presuntos delitos de corrupción.
Agentes del Departamento de Información y Seguridad (DRS) -la inteligencia militar- detuvieron a presuntos responsables de delitos relacionados con la seguridad, quienes fueron incomunicados, en algunos casos durante más de 12 días que permite la ley.
Sospechosos de delitos contra la seguridad recluidos en la prisión de El Harrach se declararon en huelga de hambre para protestar por los presuntos malos tratos que había sufrido de manos de los guardias. Las autoridades ignoraron las protestas y, según AI, no se llevó a cabo investigación alguna.
Los presuntos autores de la muerte del famoso cantante argelino Lounes Matoub llevan más de 10 años recluidos sin juicio; según AI en ese tiempo de reclusión habrían sufridos torturas e incomunicación.
La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer visitó Argel en noviembre de 2010 con el fin de apoyar algunas iniciativas encaminadas a combatir la violencia contra la mujeres.
Las autoridades aún no han tipificado de delito la violencia en el seno familiar y la violación conyugal; tampoco se llevan ante la Justicia a los responsables de violencia de género.
Los abusos cometidos en la década de los años noventa que causaron la desaparición de miles de personas no han sido investigados, aseguró AI.
Las autoridades han continuado aplicando la Carta para la Paz y la Reconciliación que otorgaba impunidad a las fuerzas de seguridad y considera delito cualquier crítica pública contra estas.
Según fuentes del Estado, que cita el informe de la ONG, desde 2005 se habrían amnistiado a 7.500 "terroristas arrepentidos".
Asimismo aseguró que 6.240 familias de desaparecidos habían aceptado indemnizaciones económicas y solo un grupo de familiares continuaban manifestándose en Argel, Constantina y Jojel.
La libertad de religión que se contempla en la Constitución argelina se vulneró en repetidas ocasiones al amparo de la ordenanza que impide practicar ritos religiosos "sin autorización".
Juicios contra protestantes y cristianos conversos, además de un saqueo contra una iglesia, figuran en el informe de AI.
Amnistía Internacional no fue autorizada a realizar una visita de investigación al país.
Las autoridades solo le permitieron el acceso a los campos de refugiados de Tinduf, administrados por el Frente Polisario.
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