Fuente: 29 de junio de 2011
El ex presidente de Túnez, Zine el Abidine Ben Alí, ya condenado en ausencia a 35 años de prisión, enfrenta nuevamente el jueves a la justicia de su país, al comenzar una larga serie de procesos contra el hombre que dirigió Túnez durante 23 años, actualmente refugiado en Arabia Saudita.
La sala en lo criminal del tribunal de primera instancia de Túnez juzga a Zine El Abidine Ben Alí, ausente del banquillo, por detención de armas y estupefacientes.
El 20 de junio, la misma corte ya condenó en rebeldía al ex hombre fuerte de Túnez y a su esposa Leila Trabelsi a 35 años de cárcel y a pagar 65 millones de dólares por malversación de fondos.
El veredicto de condena fue pronunciado al cabo de sólo unas horas de deliberación.
La decisión fue considerada expeditiva por personalidades u organizaciones poco sospechosas de simpatía por Ben Alí.
Tres ONG tunecinas de defensa de los derechos humanos, junto con saludar la condena, lamentaron en común que la justicia no se haya mostrado "irreprochable" y manifestaron su deseo de una reforma de los procedimientos.
Hace diez días, la corte había postergado para el 30 de junio su decisión sobre otro tema relativo sólo al presidente derrocado, en la medida que los abogados no pudieron consultar el expediente antes del proceso.
Ben Alí y su entorno deben enfrentar varias otras acciones judiciales en los próximos meses. Algunas serán enviadas a jurisdicciones militares, en particular aquellas por homicidios cometidos durante la represión de la revuelta popular que culminó en la salida del presidente, el 14 de enero, y que dejó unos 300 muertos.
En el caso juzgado el jueves, Ben Alí está acusado de posesión y tráfico de droga así como de detención de armas encontradas en su palacio de Cartago, acusaciones que calificó "de imaginarias y deshonrosas" por intermedio de su abogado libanés.
Las armas son en su mayoría regalos hechos por dignatarios extranjeros, explicó el ex presidente que habló de montaje en relación al descubrimiento de unos 2 kilos de drogas en su oficina luego de su partida.
Según el abogado tunecino designado de oficio, Abdesattar Messaoudi, que alegó en descargo el 20 de enero, el veredicto debería ser anunciado el mismo día. "Estoy más que convencido que el veredicto será anunciado ese día. Es una justicia expeditiva", dijo a la AFP.
También estimó que el ex presidente sería pasible de una pena de 20 a 30 años, debido a "circunstancias agravantes", pero destacó que había "vacíos en el expediente". "Fue hecho apresuradamente", dijo.
Reaccionando a la condena por intermedio de su abogado francés, Jean-Yves Le Borgne, Ben Alí acusó al tribunal de haber pronunciado "una pena jurídicamente sin sentido pero políticamente oportuna".
Algunos comentaristas también estimaron que las autoridades tunecinas habían querido mostrar a la población que actuaban contra el antiguo régimen.
Numerosos tunecinos lamentaban también, tal como las tres ONG citadas antes, que "no se haya hecho todo para obtener la extradición de Ben Alí antes de la apertura del proceso".
Hasta ahora, las autoridades saudíes han hecho oídos sordos, al menos públicamente, a las demandas tunecinas para entregarles Ben Alí.
De su lado, Rached Ghannouchi, líder del partido islamista Ennahda, calificó el primer proceso de "mascarada" y estimó que el ex presidente "merecía la pena de muerte por todos sus crímenes contra el pueblo tunecino".
La sala en lo criminal del tribunal de primera instancia de Túnez juzga a Zine El Abidine Ben Alí, ausente del banquillo, por detención de armas y estupefacientes.
El 20 de junio, la misma corte ya condenó en rebeldía al ex hombre fuerte de Túnez y a su esposa Leila Trabelsi a 35 años de cárcel y a pagar 65 millones de dólares por malversación de fondos.
El veredicto de condena fue pronunciado al cabo de sólo unas horas de deliberación.
La decisión fue considerada expeditiva por personalidades u organizaciones poco sospechosas de simpatía por Ben Alí.
Tres ONG tunecinas de defensa de los derechos humanos, junto con saludar la condena, lamentaron en común que la justicia no se haya mostrado "irreprochable" y manifestaron su deseo de una reforma de los procedimientos.
Hace diez días, la corte había postergado para el 30 de junio su decisión sobre otro tema relativo sólo al presidente derrocado, en la medida que los abogados no pudieron consultar el expediente antes del proceso.
Ben Alí y su entorno deben enfrentar varias otras acciones judiciales en los próximos meses. Algunas serán enviadas a jurisdicciones militares, en particular aquellas por homicidios cometidos durante la represión de la revuelta popular que culminó en la salida del presidente, el 14 de enero, y que dejó unos 300 muertos.
En el caso juzgado el jueves, Ben Alí está acusado de posesión y tráfico de droga así como de detención de armas encontradas en su palacio de Cartago, acusaciones que calificó "de imaginarias y deshonrosas" por intermedio de su abogado libanés.
Las armas son en su mayoría regalos hechos por dignatarios extranjeros, explicó el ex presidente que habló de montaje en relación al descubrimiento de unos 2 kilos de drogas en su oficina luego de su partida.
Según el abogado tunecino designado de oficio, Abdesattar Messaoudi, que alegó en descargo el 20 de enero, el veredicto debería ser anunciado el mismo día. "Estoy más que convencido que el veredicto será anunciado ese día. Es una justicia expeditiva", dijo a la AFP.
También estimó que el ex presidente sería pasible de una pena de 20 a 30 años, debido a "circunstancias agravantes", pero destacó que había "vacíos en el expediente". "Fue hecho apresuradamente", dijo.
Reaccionando a la condena por intermedio de su abogado francés, Jean-Yves Le Borgne, Ben Alí acusó al tribunal de haber pronunciado "una pena jurídicamente sin sentido pero políticamente oportuna".
Algunos comentaristas también estimaron que las autoridades tunecinas habían querido mostrar a la población que actuaban contra el antiguo régimen.
Numerosos tunecinos lamentaban también, tal como las tres ONG citadas antes, que "no se haya hecho todo para obtener la extradición de Ben Alí antes de la apertura del proceso".
Hasta ahora, las autoridades saudíes han hecho oídos sordos, al menos públicamente, a las demandas tunecinas para entregarles Ben Alí.
De su lado, Rached Ghannouchi, líder del partido islamista Ennahda, calificó el primer proceso de "mascarada" y estimó que el ex presidente "merecía la pena de muerte por todos sus crímenes contra el pueblo tunecino".
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